La familia Reyes Salazar, vecinos de Ciudad Juárez, Chihuahua, victimas de represión y crimen de estado culpa a los gobiernos del PRI (Chihuahua y Ciudad Juárez) y federal (calderón-PAN) del asesinato cobarde de su familia y de quemar sus casas para ocultar la guerra entre el PRI y el PAN para controlar los miles de millones de pesos producto del narcotráfico, prostitución, tráfico de personas, las mujeres muertas de Juárez, etc. La guerra entre los carteles PRIístas y PANistas tiene como victimas a la población inocente. Reproducimos un artículo del diario la Jornada y un video reveladores de los sucesos
DE CRIMINALIZACIONES, IMPUNIDADES Y VALENTÍAS
Víctor M. Quintana S. *
Ya no quería escribir más sobre violencia. Prefiero tratar los temas relacionados al campo y al movimiento campesino. Ya preparaba un artículo sobre el nuevo esfuerzo de articulación de las organizaciones rurales ante la catástrofe alimentaria que sólo el gobierno no advierte, y de la necesidad de relanzar la insurgencia campesina, cuando la realidad de muerte, de falta de justicia, de impunidad, pero también de valentía de hombres y mujeres que no se rinden, nos vuelve a reclamar el espacio.
El viernes 25 por la madrugada, se encuentran los cuerpos asesinados, desenterrados, en descomposición, de Malena y Elías Reyes y de la esposa de éste, Luisa Ornelas. El hecho de que los asesinos hayan desenterrado los cuerpos, ejecutados al parecer el mismo día de su levantón, el 7 de febrero, es un fruto de la terca movilización y valiente denuncia de Marisela, Claudia y Saúl Reyes y su madre, doña Sara Salazar, y de quienes los apoyaron en todo momento. Si no se hubieran declarado las dos primeras en huelga de hambre, si no se hubiera regado la pólvora de la denuncia en los espacios nacionales e internacionales, si no se hubiera trasladado el ayuno-plantón a la ciudad de México, si no se hubiera presionado de esta forma a los gobiernos, lo que queda de la familia Reyes jamás hubiera vuelto a ver los restos de los suyos.
Por eso la rabia de los ejecutores; por eso la exhumación forzada luego de la desaparición forzada. Por eso el miedo infundido al alcalde de Guadalupe y hasta a los sepultureros que no se atrevieron siquiera a abrir las fosas. Por eso las cartulinas de amenaza junto a los cadáveres y el asqueroso intento de vincularlos como operadores de uno de los cárteles.
Precisamente este es uno de los nuevos ingredientes que aparecen en el caso del ya genocidio en ciernes de los Reyes Salazar. En este contexto de violencia criminal e institucional, a las y los luchadores sociales se les criminaliza una y otra vez. La primera de ellas cuando el Estado reprime a quienes se manifiestan contra esta guerra y las violaciones a los derechos humanos que trae aparejadas, como los disparos de la Policía Federal contra el estudiante Darío Álvarez Orrantía, en octubre pasado, cuando participaba en una caminata contra la muerte.
La segunda criminalización de quienes protestan, de quienes luchan por los derechos de todas y de todos, la lleva a cabo el propio crimen organizado. Cuando alguien les estorba y denuncia –y no sólo a ellos, sino también al Ejército–, como es el caso de la familia Reyes en el valle de Juárez, se busca involucrar a las y los activistas con el cártel contrario mediante acusaciones falsas como las citadas cartulinas y así manchar el compromiso valiente, la integridad ética de toda una vida, de toda una familia.
La tercera criminalización es, tal vez, la más dolorosa: porque no viene sólo de los poderes ni autoritarios ni criminales. Es la de quienes, desde la sociedad, cómodamente señalan: “… si los están matando así, es que en algo andan…” La postura que condena el activismo porque no se es capaz de involucrarse en él. La que justifica el apoltronamiento y la cobardía ensuciando con acusaciones tan simplistas como falsas a quienes tuvieron los arrestos que ellos no han tenido. La cobardía hecha sentido común.
En parte por esto, la impunidad sigue reinando. Los expedientes de los asesinatos de los Reyes mueren de inanición. Por eso doña Sara y sus hijos Marisela, Claudia y Saúl Reyes se vuelven a instalar valientemente en plantón frente a la fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez.
También sigue impune el asesinato del licenciado Ernesto Rábago, cometido el primero de marzo de 2010. Era coadyuvante de su pareja, Estela Ángeles, en la lucha jurídica –exitosa, por cierto– para recuperar 12 mil hectáreas del ejido de Bakéachi. Para protestar contra la impunidad cuatro comunidades rarámuris del municipio de Carichí se vienen a Chihuahua. Van primero a misa a pedirle justicia a Onorúame y son apoyados sin condiciones por el obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval. Se van a la plaza de las cruces –frente a donde cayó Marisela Ortiz–, colocan otra cruz en memoria de Ernesto, ga’ra pagótuame rejoi (hombre de corazón bueno), y realizan una ceremonia para darnos a todos la medicina para curarnos de la violencia, de la muerte y la injusticia.
Gracias a estos rarámuris, gracias al compromiso inamovible de la familia Reyes Salazar, este espacio editorial no sólo habla de muertes, criminalizaciones e impunidades, también habla de las luchas y de las valentías de los de abajo.
* Artículo tomado del diario La Jornada del viernes 4 de marzo de 2011
