UN NUEVO ENGAÑO A LA SOCIEDAD
Se
ha dicho que la recientemente aprobada reforma al artículo 3° constitucional
tiene como objetivo central recuperar la rectoría del Estado en la educación.
Pero, si en realidad ese fuera su objetivo, bastaría con que el gobierno
federal en turno, aplicara lo que dice el artículo 3° de nuestra Carta Magna.
No más, pero tampoco menos.
El texto dice a la letra: “Todo individuo tiene
derecho a recibir educación. El Estado (…) impartirá educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior (...) La educación que imparta el Estado
tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y
fomentará en él (…) el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia (...) dicha educación será laica (…) Toda la educación que el Estado
imparta será gratuita”.
La reforma al artículo 3°, recién aprobada por ambas
cámaras, no es una reforma educativa. Aunque digan que de lo que se trata es
mejorar la calidad de la educación, lo que los cambios aprobados verdaderamente
persiguen es regular las relaciones laborales entre el patrón-gobierno y los
trabajadores de la educación, para minar conquistas laborales históricas como
la estabilidad en el empleo.
Legislar en el artículo 3° relaciones laborales es
anticonstitucional, ya que existe otro apartado en la Constitución que trata
esta materia. El mismo artículo 3°, en su fracción VII, señala que las
relaciones laborales están regidas por lo que marca el artículo 123. Lo cierto,
es que lo que se intenta con estas reformas es elevar a rango constitucional lo
pactado en el sexenio anterior entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo: la
llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la Evaluación Universal.
Entre otros, los cambios hechos al artículo 3°,
resaltan la obligatoriedad de hacer exámenes (pomposamente le llaman concursos
de oposición) para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio de los
maestros. Aunque hayan modificado la propuesta original y se señale que se
respetarán los derechos ya adquiridos, lo cierto es que lo que pretenden es
calificar a los maestros.
Sus promotores y sus defensores no entienden, o no
quieren entender, que evaluar no es hacer un examen. ¿Quién en su sano juicio y
con un mínimo de inteligencia puede asegurar que alguien que conteste
correctamente todas las preguntas de un examen será el mejor maestro? Es
imposible tomar como parámetro para el ingreso al servicio educativo el aprobar
o no un examen.
No hay que ser muy duchos para entender que la clave
está en las escuelas formadoras de maestros, la clave está en las tan
vilipendiadas normales. Pero de esto no se habla en la reforma. De hecho, están
caminando cambios en las normales, pero como siempre, dejando de lado la
opinión de especialistas en formación de educadores, de pedagogos que
estructuren una currícula acorde a lo que como país necesitamos y no conforme a
los dictados de la OCDE, y sobre todo, de alumnos (maestros en formación) y
maestros de las propias normales.
Nadie puede oponerse a la evaluación. La evaluación es
parte del proceso educativo. Eso de que los maestros nos oponemos a evaluarnos es
falso. Los docentes que día a día estamos frente a los alumnos realizamos
evaluaciones constantemente. En todo momento la evaluación sirve para guiar
nuestro trabajo.
A lo que nos oponemos es a que un examen sea el
instrumento para juzgar la permanencia o no en el servicio. Rechazamos que el
gobierno federal, la SEP, siga a pie juntillas las recomendaciones de la OCDE:
“Recomendación 8. Evaluar para ayudar a mejorar: México necesita con urgencia
un sistema de evaluación docente basado en estándares (…) Los docentes que
presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema
educativo” (octubre de 2010).
¿Así, o más claro? Se trata de despedir a los maestros
que no aprueben los exámenes estandarizados, sin importar su experiencia
previa, su labor docente, su compromiso educativo o las condiciones en las que
deben laborar. Ni más ni menos lo que persigue su reforma educativa, lo que
cacarean los partidos políticos como logro para el país: elevar a rango
constitucional el despido de maestros.
La reforma educativa aprobada es la de Gordillo. No
hay que hacerse bolas con que hay una disputa entre el gobierno y la cacique.
Lo de la resistencia civil de Gordillo es una más de sus mascaradas. Esta
reforma es avalada por los enemigos de la educación pública, por la derecha más
recalcitrante como Mexicanos Primero.
No hay que engañarse: la reforma pretende acabar con
lo poco que aún se conserva como legado y patrimonio histórico: la educación
pública; y en el camino acabar la resistencia de los maestros democráticos.
(*) Licenciado en pedagogía. Fundador de la escuela
telesecundaria 211
[1] Este artículo
fue publicado en el diario La Jornada
del domingo 30 de diciembre de 2012. Su autor, Pedro Ramírez Vázquez es un amigo
norMALOSO, muy estimado entre los miembros de Comunidad NORMAL SUPERIOR MÉXICO por
su compromiso social y conocimiento de la problemática social y educativa y hoy
colaborador del diario La Jornada. Seguiremos contando con las colaboraciones
del Maestro Pedrito…
[2]
Hoy domingo 13 de enero iniciamos campaña en defensa de la
educación pública... Los diputados y
$$$enadore$$$ propondrán una nueva ley de educación, nosotros iniciamos con
nuestra propuesta para una nueva ley de educación... 1) que ningún político gane más que un maestro.
Si estás de acuerdo, colabora
difundiendo nuestra propuesta…
