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viernes, 30 de septiembre de 2011

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO


OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO [1]

El lunes escuché en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a dos ministros sobre el tema del aborto que se discute en relación a su inconstitucionalidad en Baja California y San Luis Potosí. Estos dos ministros son Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. El primero me dio pena ajena por su parcialidad de inspiración religiosa. Todo ministro de la SCJN tiene derecho a profesar la religión que quiera, pero una cosa son sus creencias dogmáticas (vida privada) y otra la imparcialidad jurídica del ejercicio público de su investidura.

Aguirre Anguiano es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ha sido fábrica de católicos-fascistas antisemitas, anticomunistas y antimasones, conocidos como tecos (por el grupo llamado Tarea Educativa y Cultural hacia el Orden y la Síntesis). Fue, además, profesor de derecho penal en la Universidad Panamericana (del Opus Dei) y en su intervención se reveló como si fuera católico militante de los grupos pro-vida de México y de otros países. Su argumento es que la vida comienza con la concepción, es decir, cuando una mujer es embarazada por la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Según este ministro, un embrión (desde la fecundación hasta el final de la séptima semana) y luego feto, es una persona, por lo que gozará de los derechos humanos consagrados en la Constitución. De aquí que deberá protegérsele como persona. El aborto, para él, es equivalente a homicidio, además de una violación a los derechos humanos. Esta tesis es la misma del Vaticano sobre la vida y está basada en un dogma religioso que nada tiene que ver con la ciencia y que de hecho la niega en esta materia.

El ministro Aguilar Morales no quiso entrar en esta discusión en su extensa intervención. En resumen se refirió a que la supremacía de la ley en México es la de su Constitución general, por lo que las constituciones estatales no pueden restringir los derechos que la general otorga. Propuso, pues, otra forma de analizar si hay consistencia constitucional entre las constituciones de Baja California y San Luis Potosí y la Carta Magna.

Para el caso de Baja California, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de esa entidad promovió una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, solicitando la invalidez del precepto. Se refiere al artículo 7 que dice: “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. (Las cursivas son mías.)

Para el caso de San Luis Potosí la acción de inconstitucionalidad fue promovida por los diputados de la 59 Legislatura del Congreso estatal. El texto constitucional de SLP, en su artículo 16, dice: “El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso”. Y en el segundo párrafo matiza: “No es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.” (Nótese que en el segundo párrafo le llama producto de la concepción tanto al embrión como al feto. Las cursivas son mías.)

La expresión producto de la concepción es importante en este debate, pues la fracción XV del inciso A del artículo 123 señala que el patrón está obligado a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas, es decir, de sus trabajadoras. Empero, aunque parece una garantía de protección del producto de la concepción, se refiere al sujeto activo del artículo: la trabajadora que, para sobrellevar su embarazo, puede requerir condiciones especiales que garanticen que, por su actividad, no interrumpa su embarazo sin así desearlo. En otros términos, el patrón no puede impedirle que aborte (legalmente o no), pero sí está obligado a tomar en cuenta la situación de una trabajadora embarazada.

¿Es el producto de la concepción una persona viva o simplemente un organismo vivo, como las células y demás componentes vivos de un ser humano? La discusión está, no en la ciencia, sino entre ésta y los dogmas religiosos. Nuestro primer artículo constitucional habla de personas y de los derechos humanos que éstas tienen. No se refiere a organismos vivos. Una persona, en términos jurídicos, es un ser humano nacido, no un no nacido. Un nacido es el ser vivo que sale del vientre materno y su primer cumpleaños será 365 días después de que nació, y no a los 12 meses de haber sido concebido. Ni siquiera la Iglesia católica bautiza fetos en el vientre de su madre, mucho menos embriones.

Ni la Constitución federal ni los acuerdos internacionales firmados por México hacen del producto en gestación (un embrión o un feto) un individuo dotado de capacidad jurídica. Los nacidos sí tienen derechos; por lo mismo, una mujer no puede subordinar sus derechos fundamentales protegidos constitucionalmente a supuestos derechos de un no nacido, pero sí tiene derechos sobre su embarazo y, si así lo desea, a cuidar que éste se desarrolle en las mejores condiciones posibles, o abortar en caso contrario.

El proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco González Salas, egresado de la Escuela Libre de Derecho, señala que los no nacidos no son aún personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos, sino bienes jurídicamente protegidos, por más que califiquen como pertenecientes a la especie humana. Y añade que “de ningún artículo, aun interpretando de manera integral y sistemática el texto de la Constitución, se podría derivar la conclusión de que en ella se otorga un tratamiento jurídico al producto de la concepción equiparable al individuo, entendido éste como persona jurídica. (Cursivas en el original). Y, por si quedara duda, el ministro Franco señala que la Constitución reconoce derechos fundamentales para la persona jurídica (es decir, para el individuo que ha nacido).

Formalmente, para quienes aluden a la soberanía de los estados para dictar sus constituciones, vale recordarles que la supremacía de la ley, como bien dijo el ministro Aguilar Morales, sólo puede existir en una: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (las cursivas son deliberadamente mías para enfatizar que ningún estado tiene supremacía sobre el conjunto de los que forman la nación).



[1] El Doctor Octavio Rodríguez Araujo, es catedrático de la UNAM y uno de los politólogos más reconocidos en América Latina y colaborador voluntario y cotidiano de nuestra web. Para todo normalista que desee abrevar en la Ciencia Política de manera seria, nuestro amigo es una fuente imprescindible. Su web es: http://www.rodriguezaraujo.unam.mx/enlaces.html

miércoles, 28 de septiembre de 2011

ABORTO: MUJER SER CON CAPACIDAD DE DECISIÓN


QUÉ DISCUTE REALMENTE LA SUPREMA CORTE

¿ABORTO SI, ABORTO NO? FALSO [1]

En relación al tan polémico tema del aborto, lo que realmente discute la suprema corte de justicia es la Constitucionalidad de las reformas impulsadas por la derecha (PRI-PAN-PVEM-pANAL) en varios estados de la república y no la penalización o despenalización absoluta del aborto en México.

La derecha al igual que ha impulsado sus reformas educativa, del ISSSTE, fiscal, laboral, etc. para beneficio de los empresarios, hoy impulsa para beneficio del ala más reaccionaria la intromisión de la iglesia en la vida privada de las personas. Por ello los sectores más fanáticos y ligados a los jerarcas de las iglesias meten su cuchara tratando de establecer como legal y universal un criterio que es particular.

Hay mucha información contradictoria por eso es urgente y necesario preciar que se discute: NO se discute si la mujer está embarazada o no, o si se embaraza, quien la embaraza. Se discute ¿qué hacer con el producto de las relaciones sexuales, voluntarias o no? Discuten que hacer con el producto de relaciones sexuales que pueden ser una violación. Discuten si la mujer violada debe tener al hijo y si lo aborta ¿cuál es su castigo?. Que fue violada y por lo mismo es victima eso no les importa, discuten los derechos no de la mujer, sino los derechos del producto de una violación. Eso es lo que se discute. ¿QUÉ HACER CON EL PRODUCTO DE LAS RELACIONES SEXUALES, VOLUNTARIAS O NO? Dentro de toda la información contradictoria, esa es la discusión y sobre ella decidirán.

¿Cómo llegó el producto al cuerpo de la mujer?, para los voceros y comentaristas de la derecha política (PAN-PRI-PVEM-pANAL) y clerical eso no importa. Para los reaccionarios la opinión de las mujeres no importa, como no les ha importado la opinión del trabajador, del campesino, del maestro, del joven. Ellos impone sus criterios y ya. Eso es lo que se discute. Hasta qué punto se impondrá su criterio lo veremos en el resultado final.

Ahí está la gravedad e importancia del asunto. A las mujeres, que son la mayoría de la población, una minoría de acomplejados, que en su mayoría son del sexo masculino decidirán por todas las mujeres. Y con esta discusión está en juego la posibilidad de avanzar en la debida separación estado iglesia como decía Benito Juárez, la secularización del marco legal del país.

En las manos de once ministros de la corte están en juego los derechos humanos de género y los reproductivos. Su decisión será clave en la consolidación de un estado de derecho que garantiza a las mujeres decidir sobre su cuerpo, o bien sufrir un retroceso grave en la vigencia del Estado laico. Están en juego la equidad de género y las libertades individuales de un país capitalista.

Los hombres dirán, eso a mí no me importa, pero si la mujer violada y embarazada contra su voluntad fuere su esposa, su novia, amiga, su hija o su madre no opinarían igual.

Porque reitero. El tema de fondo, lo que decidirá la SCJN no es la procedencia o no de la penalización absoluta del aborto, sino la constitucionalidad de las reformas penales que en 17 estados han aprobado la alianza PRI-PAN-PVEM y pANAL y en especial en Baja California y San Luis Potosí, los dos estados gobernados por el PAN pero en dónde las reformas se han aprobado con los votos cómplices del PRI-PVEM y el pANAL el partido de Elba Esther Girdillo.

El ala reaccionaria, la derecha pretende esta llevando la discusión a lo ideológico. Ellos pretenden discutir sobre el momento en que inicia la vida, el momento en que el producto empieza a tener existencia jurídica, cuando hay vida y cuando no. Discusión que distorsiona todo y que olvida que la Constitución actual obliga a la separación del Estado de la iglesia.

Por ello, no será raro escuchar los excesos verbales de jerarcas religiosos y el conjunto de organizaciones como los legionarios de cristo del violador Marcial Marcel que son sus secuaces.

El hecho de que la corte declare inconstitucional las reformas antiabortistas de Baja Californiana y de San Luis Potosí sólo representaría que la derecha no logro avanzar más. Será una derrota a la alianza PRI-PAN-PVEM-pANAL que la aprobaron y será un triunfo de las mujeres a quienes se les reconocerá su derecho a decidir sobre su cuerpo y de los hombres que nunca tolerarían que su mujer violada sea obligada a tener un bebe de un violador.

Señores, el destino del producto de un embarazo, y sobre todo el producto de una violación debe ser sólo una decisión de la mujer que fue víctima de un criminal.

No queremos dejar de recordar que desde la época colonial el aborto era castigado por la iglesia, pero que cuando la hijita de papi, la niña rica salía embarazada, era común que fuera de vacaciones con la tía y en Puebla abortaban. Los restos de cientos de fetos en los muros de conventos son testimonio de la hipocresía de los ricos. O como dice el dicho: Aplíquese la ley en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos.

Aplíquese la ley en los pobres nos recuerda que los que defienden al producto del embarazo no deseado, del producto de una violación, son complices de miles de muertes sin sentido. Son ellos los que protegen y han permitido la impunidad de miles de crímenes. Quieren que los pobres trabajadores sigamos teniendo hijos que después ellos quemaran como en la guardería ABC, los enterraran en las minas (Pasta de Conchos) o los quemaran como en Culiacán con las trabajadores de Coopel o en el Casino Royal. Tampoco hay que olvidar que entre más niños habrá más carne de cañón para la guerra del narco entre el PRI y el PAN por administrar las ganancias.

Como diría un buen cristiano: Narco empresarios, narco políticos, dios los hace y ellos se juntan (PRI-PAN-PVEM-pANAL)

EN EL CUERPO DE TODA MUJER, ES ELLA QUIEN DEBE DECIDIR



[1] Decía Albert Einstein: El correcto planteamiento del problema es la mitad de la solución. Por eso retomamos este artículo de la web de Socialismo Revolucionario México ya que es dentro de todo la maraña de información, la única que plantea el problema que discute la suprema corte en relación al polémico tema del aborto. La decisión es personal, pero sobre todo de la mujer.

lunes, 26 de septiembre de 2011

IPN EN MOVIMIENTO


ANUNCIAN PROFESORES DEL IPN PARO DE LABORES POR ADEUDOS DE LA INSTITUCIÓN A PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS

El monto aproximado es de alrededor de 90 millones de pesos, afirman, integrantes de las secciones X y XI del SNTE.

EL IPN se está derechizando; el espíritu que le dio el general Lázaro Cárdenas, los gobiernos panistas lo han ido borrando: Ramón Jiménez López.

Ante el incumplimiento de acuerdos firmados por las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), profesores y trabajadores administrativos, integrantes de las secciones 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunciaron un paro de labores el próximo 4 de octubre, el cual podría ser indefinido.

En conferencia de prensa, acompañados por el diputado federal, Ramón Jiménez López quien también ha sido docente de la institución, profesores y trabajadores administrativos de 16 planteles y centros de educación politécnica, denunciaron el IPN adeuda por diversos rubros alrededor de 90 millones de pesos.

Samuel Sotelo Crespo, integrante del Comité Ejecutivo de la sección XI del SNTE, Miguel Gutiérrez Gómez, Secretario General (D-II-8 IPN), y María del Rosario Trejo García (D-II-15 del IPN), de la sección X, denunciaron la falta de compromiso de la dirigencia nacional del SNTE y de la propia autoridad educativa.

Precisaron que la determinación del paro laboral, habrá de modificarse si la administración del IPN cubre antes del presente mes los adeudos económicos, y emite las convocatorias que den lugar a los procesos de fortalecimiento salarial.

Entre los adeudos que se les deben de pagar a más de 25 mil profesores y trabajadores administrativos destaca el bono anual de ayuda extraordinaria de transporte que sumaría alrededor de 50 millones pesos.

A lo anterior, debe agregarse otra serie de pagos como la Compensación por Actuación en los años de 2007 y 2008 por 709.20 y 405.20 pesos, respectivamente; pago del bono de fin de año del 2008 por mil 350 pesos por trabajador.

Así también el IPN debe de pagar 345 pesos mensuales a los trabajadores que laboran en áreas insalubres, infectocontagiosas y de alto riesgo, retroactivo al 1 febrero pasado, a demás de la promoción horizontal a tres mil trabajadores que deberán obtener un incremento salarial del 5 por ciento, retroactivo al 1 de enero de este año.

A decir de los trabajadores del Politécnico, existen otros adeudos por diferencias al concepto de despensa de febrero a agosto del presente año; exención de pago a cursos y diplomados y remuneración para profesores de asignatura, adeudo que data desde 2006.

Los profesores y trabajadores administrativos aseguraron que no descartan que detrás del retraso de estos pagos que son reconocidos y firmados por la autoridad y el SNTE, exista la intención de boicotear su trabajo sindical por no comulgar con la dirigencia nacional que encabeza la profesora Elba Esther Gordillo.

Por su parte, el diputado Ramón Jiménez López denunció que la institución que encabeza la doctora Yoloxochitl Bustamante Diez, se está derechizando, y afirmó que desde que llegaron al gobierno federal las administraciones panistas, el espíritu original que le dio el general Lázaro Cárdenas ha venido borrándose.

Aseguró que hoy, el plan educativo del IPN es un proyecto cercano a la doctrina panista, cuyo lenguaje se parece mucho al empresarial, y lamentó que a quienes encabezan al IPN se les olvide que el Politécnico nacional tiene fines sociales.

Al respecto, la Maestra en Ciencias, María del Rosario Trejo García, afirmó que la derechización del IPN se puede observar en los cambios que ha sufrido la ley orgánica y el reglamento de la institución, que dijo, efectivamente se parece más a los documentos de las cúpulas empresariales.

Dijo que el IPN está preparando técnicos y científicos, no pensando en el bienestar social y en beneficio de la colectividad, cuestiones que se han ido abandonando, porque además se imparte una pedagogía donde la educación se maneja a partir de la lógica de las empresas.