TENGAN SU PRI
Octavio Rodríguez Araujo
Julio Hernández López (30/04/12) introdujo, en mi
opinión, los matices necesarios sobre la represión del gobernador Fausto
Vallejo a los estudiantes de la universidad michoacana. Los jóvenes, así
hubiesen cometido los peores delitos [debieron] ser sometidos sin exceso de
fuerza ni prácticas humillantes a un correcto proceso legal y no, como sucedió,
a castigos físicos y exhibición ejemplar en busca de conceder al debilitado
poderoso en turno presuntos bonos ciudadanos por su valeroso proceder. Y Julio
añadió, también con razón, que mal haría la sociedad mexicana, en sus
vertientes regional y nacional, si permite que Fausto Vallejo explore
impunemente los límites hasta los que un gobierno priísta puede llegar sin que
suceda nada.
La práctica de los
gobiernos priístas ha sido precisamente actuar más allá de los límites que
permiten nuestras leyes para resolver problemas sociales. La represión ha sido
una de las constantes de los gobernantes del PRI desde hace más de 50 años.
¿Cómo olvidar la represión de Adolfo Ruiz Cortines contra los normalistas y los
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante su gobierno? Los
educandos del Poli fueron
desalojados del internado, como se recordará, a punta de bayoneta militar, con
lo que traían puesto y a las cuatro de la mañana del 23 de septiembre de 1956.
Se cerró el internado, que había sido creado para apoyar a los hijos de obreros
y campesinos que iban a estudiar en la capital de la República, y no se volvió
a abrir jamás, porque era –se dijo– un foco de comunistas y revoltosos. Igual
suerte corrieron, años después, las casas de estudiantes de diferentes estados
de la República que patrocinaban sus gobiernos precisamente para albergar a sus
becarios en el Distrito Federal. Nicandro Mendoza, líder de la Federación
Nacional de Estudiantes Técnicos del IPN, fue detenido y encarcelado bajo el
cargo del tristemente famoso delito de disolución social. El Ejército Mexicano
se quedó con las instalaciones del Politécnico hasta la salida de Ruiz Cortines
del gobierno. Dos años después la represión contra los normalistas también se
hizo sentir. Othón Salazar y José Encarnación Pérez fueron enviados a
Lecumberri, como presos políticos del régimen.
Con López Mateos la
relación gobierno-Politécnico cambió, pero la represión fue también parte de su
política, esta vez contra los ferrocarrileros (Demetrio Vallejo y Valentín
Campa, entre otros), los líderes campesinos y magisteriales (Rubén Jaramillo y
Genaro Vázquez, por ejemplo), el periodista Filomeno Mata hijo, el pintor Siqueiros
y otros que largo sería citar. Las formas represivas de López Mateos fueron más
duras y brutales que las de su antecesor. El asesinato de su antiguo amigo y
correligionario Jaramillo y de su familia a manos de un grupo militar es una
mancha que tanto el PRI como el Ejército no han podido borrar, ni podrán.
Díaz Ordaz no podía
quedarse atrás. Veía comunistas y agentes subversivos hasta debajo de su cama.
Su máxima gloria fue la represión al movimiento estudiantil popular de 1968,
pero no fue la única, comenzando por la represión, también militar y
paramilitar, contra los médicos en 1965. ¿Y qué decir del genocida Echeverría?
El 10 de junio de 1971 y sus halcones contra palomas fue el estreno represor de
su gobierno, además de las incursiones de medio Ejército Mexicano en Guerrero
contra los movimientos guerrilleros que surgieron precisamente por la
incapacidad de los gobernantes priístas para escuchar, negociar y satisfacer
las demandas de los grupos populares y más desfavorecidos en el país.
López Portillo
continuó la ola de represión iniciada por sus antecesores. Creó la Brigada
Blanca para acabar con los grupos opositores al régimen y, al mismo tiempo,
gracias al talento de Muñoz Ledo y Reyes Heroles, abrió las puertas electorales
a los partidos de oposición verdadera que no tenían estatuto legal. Por un lado
palos y por el otro cooptación, igual en este sentido que la estrategia de Luis
Echeverría. Las desapariciones forzadas –no debe olvidarse– fueron también
parte de la represión priísta.
Con Miguel de la
Madrid hubo menor represión, pese a que intentó, sin lograrlo, imponer la
llamada ley Mordaza contra las
críticas al gobierno. Pero luego llegó Carlos Salinas de Gortari y según
comprobó la Comisión de la Verdad (formada por personalidades sin militancia),
fueron reprimidos, muertos o desaparecidos más de 400 militantes del PRD y
otros luchadores sociales que no aceptaron ser cooptados por el Programa
Solidaridad. Zedillo fue otro genocida, pues destruyó parcialmente a un grupo
de carácter étnico al obligar en 1995 a la población de Guadalupe Tepeyac, en
Chiapas (más de 6 mil personas, incluidos niños, mujeres y ancianos), a emigrar
a la selva en condiciones de existencia peligrosas para su integridad física
(véase la definición de genocidio en el artículo 149 bis del Código Penal
vigente). El Ejército fue el responsable directo de ese genocidio ordenado por
su comandante en jefe.
En referencia a los
estados, el gobernador priísta de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, fue el
culpable de la matanza de campesinos desarmados en Aguas Blancas en 1995. Lo
realizado en Puebla y Oaxaca bajo gobiernos tricolores tampoco debe ser soslayado. En el estado de México el
priísta Peña Nieto fue el encargado de la brutal y desmedida represión a los de
Atenco (2006), independientemente de los ilícitos que hubieran cometido algunos
atenquenses. En Morelos preocupa que el lema de campaña de Amado Orihuela,
candidato del PRI a gobernador, sea orden y progreso, ni más ni menos que la
expresión positivista adoptada como divisa por Porfirio Díaz y otros dictadores
latinoamericanos de principios del siglo pasado.
¿Y los panistas en el
gobierno? Sin ánimo de defenderlos, habrá que reconocer que la represión
política no ha sido una de sus características distintivas, pese a que sí la
han llevado a cabo en ocasiones (Flavio Sosa, por ejemplo, luego declarado
inocente). Las transgresiones de Calderón, productos de su guerra contra el
crimen organizado, se han traducido en decenas de miles de muertos, pero en
general no puede decirse que se trate directamente de represión por razones
políticas que no sea por daños colaterales.
¿Y así algunos
quieren que regrese el PRI?
